Por la unanimidad de sus integrantes, el concejo de la ciudad de Portland prohibió este miércoles 9 de septiembre el uso de sistemas de vigilancia por reconocimiento facial en espacios de libre tránsito.
La medida fue destacada como “la más estricta de Estados Unidos”, dado que por primera vez incluye no solo a organismos públicos, sino que también a empresas privadas.
El veto tiene efecto inmediato para instituciones como la policía y regirá desde el 1 de enero de 2020 para los proveedores particulares del servicio.
La determinación “prohíbe que las empresas recopilen, usen o almacenen información facial o biométrica de personas recopilada en espacios abiertos al público, como parques o tiendas de comestibles”, explicó The Oregonian.
Eso sí, la normativa “no aplicaría a usos individuales privados, como la función Face ID de los iPhone”, aclaró la misma versión.
Los impulsores de la prohibición, como el alcalde Ted Wheeler y la comisionada Jo Ann Hardesty, basaron sus argumentos en la protección de los derechos civiles y la privacidad de los ciudadanos.
“También citaron estudios que muestran que el funcionamiento de la tecnología está influido por prejuicios raciales y de género”, señaló el mismo medio.
«Somos dueños de nuestra privacidad y es nuestra obligación evitar que terceros recopilen datos en secreto y luego los vendan con fines de lucro o para actividades basadas en el miedo», manifestó la principal autoridad local.
Según el director ejecutivo interino para Oregon de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Jann Carson, la medida demuestra el “real poder” que tiene la comunidad.
«Esperamos que la aprobación de esta legislación histórica en Portland estimule los esfuerzos para promulgar una legislación que proteja a todos los habitantes de Oregon de la amplia gama de formas en que nuestra información biométrica se recopila, almacena, vende y utiliza sin nuestro permiso», comentó en declaraciones que reprodujo Common Dreams.
Ciudades como San Francisco, Oakland y Berkeley promovieron anteriormente este tipo de políticas, recordó The Oregonian, pero solo eran exigibles a departamentos policiales y otras agencias locales.
