En un inédito dictamen, un tribunal del Reino Unido estableció que la tecnología de reconocimiento facial utilizada por la policía británica violó los derechos humanos y la protección de datos.
El Tribunal de Apelación de Gran Bretaña consideró “ilegal” el uso de las técnicas usadas en el caso de Ed Bridges, un activista de los derechos civiles.
Bridges argumentó que la policía de Gales del Sur le causó «angustia», cuando escaneó su rostro mientras compraba en 2017 y durante una protesta pacífica contra el uso de armas en 2018.
Según la sentencia, quién es objeto del uso de la tecnología de vigilancia y dónde se implementa, son decisiones en las que se le entrega “demasiada discreción a los agentes de policía».
El dictamen estableció que no había una guía clara sobre dónde se podría usar el software AFR Locate y quién podría incluirse en la lista de vigilancia.
Además, estableció que las fuerzas policiales no adoptaron medidas razonables para averiguar si el software tenía un sesgo racial o de género; y que la evaluación de impacto de protección de datos fue deficiente.
«El tribunal ha acordado que esta herramienta de vigilancia distópica viola nuestros derechos y amenaza nuestras libertades», afirmó la abogada Megan Goulding, del grupo de derechos civiles Liberty en declaraciones a la agencia AP.
Según la abogada, el reconocimiento facial “discrimina a las personas de color y es absolutamente correcto que el tribunal dictaminara que la policía de Gales del Sur no cumplió con su deber de investigar y evitar la discriminación».
El jefe de policía de la Policía de Gales del Sur, Matt Jukes, afirmó que la prioridad es proteger a la población, con un uso «responsable y justo» de la tecnología.
“Las cuestiones de confianza pública, equidad y transparencia son de vital importancia, y el Tribunal de Apelación tiene claro que se necesita más trabajo para garantizar que no hay riesgo de que incumplamos nuestros deberes en materia de igualdad”, precisó.
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