China acaba de aprobar una ley de protección de datos denominada Ley de Protección de la Información Personal (PIPL), que entrará en vigor el 1 de noviembre.
Esta ley, que fue propuesta el año pasado, permite a las autoridades chinas tomar medidas contra la recopilación de datos en el ámbito comercial, lo que pondría restricciones legales a la obtención de información de los usuarios.
La ley exige a los creadores de las aplicaciones que ofrezcan opciones sobre el uso o no de su información, como la posibilidad de no ser objeto de comercialización o de que esta se base en características personales.
Según el medio estatal Xinhua, también se les pide a los procesadores de datos que obtengan el consentimiento de las personas para poder procesar tipos de datos sensibles, como los biométricos, los datos médicos y sanitarios, además de la información financiera y de localización.
De esta forma, las aplicaciones que procesan la información de los usuarios de manera ilegal se arriesgan a que se les suspenda o cancele el servicio.
Así, todas las compañías occidentales que hagan negocios en China y que involucren el tratamiento de datos personales de los usuarios deben lidiar con la jurisdicción extraterritorial de la ley.
Esto significa que las empresas extranjeras se enfrentarán a requisitos normativos, como la necesidad de asignar representantes locales e informar a los organismos de supervisión en China.
Un artículo de Reuters señala que la Asamblea Popular Nacional ha celebrado la aprobación de esta ley, además de pedir que las entidades que usan algoritmos para la “toma de decisiones personalizadas” obtengan antes el consentimiento de las personas.
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