Contrarrestar el crimen organizado mediante tecnología biométrica en lugar de la fuerza es el objetivo de un proyecto que discute el Congreso mexicano. Sin embargo, la iniciativa ha sido criticada por empresas, que cuestionan los alcances en materia de privacidad.
La iniciativa legal ya es respaldada por los diputados mexicanos y se apresta a ser debatida en segundo trámite por el Senado, donde el oficialista partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la mayoría necesaria para aprobarla.
El proyecto busca que los operadores telefónicos, como América Móvil y AT&T, recopilen los datos de los clientes, como huellas dactilares o biometría ocular. La información será administrada por el organismo regulador de telecomunicaciones de México.
Según los impulsores de la iniciativa, el registro ayudará a combatir el secuestro en México, un delito en el que el uso de teléfonos de prepago impide el rastreo de los responsables. Sostienen que hay poco control sobre estas líneas.
“[Puedes] comprar una tarjeta y ponerla en tu teléfono, hacer una llamada de extorsión y luego tirar el teléfono a la basura”, dijo la legisladora María de los Ángeles Huerta (Morena), en declaraciones que recoge la agencia Reuters.
Para ello, el registro exigiría la instalación de equipos biométricos, ya sea para capturar huellas dactilares o escaneos de iris, en cualquier lugar donde se vendan líneas móviles. De esta forma, dificultaría que los usuarios permanezcan en el anonimato, aseguran sus promotores.
Críticas
La reforma también implica un cambio radical para las empresas de telecomunicaciones al responsabilizarlas del costo de recopilar los datos y luego enviarlos al registro.
Por lo mismo, la Asociación de Internet de México dijo que la implementación del registro le costaría cientos de millones de dólares, pondría en riesgo puestos de trabajo y representaría una violación de los derechos humanos, al comprometer la protección de datos personales.
Según datos de GSMA, se estima que solo el 8 por ciento de los países con registros de teléfonos móviles exigen datos biométricos, en especial para los usuarios de tarjetas de prepagos. El de México recopilaría datos biométricos de todos, incluidos los clientes con contrato.
Según la organización, el proyecto podría estimular los robos de teléfonos móviles, ya que los delincuentes intentarían eludir el registro a través del robo de dispositivos, y también podría poner en riesgo la seguridad de otros clientes, si sus datos son mal utilizados.
El plan ha sido comparado por un registro similar desmantelado en 2012 por las autoridades locales. Aunque no incluía datos biométricos, la filtración del registro el mercado negro provocó un alza de 40 por ciento en las llamadas de extorsión.
La presidenta del Observatorio de Telecomunicaciones de México (Observatel) Irene Levy consideró que la reforma podría llevar a que las personas sean explotadas por malos actores y potencialmente condenadas erróneamente.
“Lo que hacen los delincuentes es pedirle a alguien que vaya a comprar ciertas líneas telefónicas, y cuando se comete un delito con estos números, ese niño o niña, que tomó el dinero por necesidad y se registró sin conocer las consecuencias, irá a la cárcel”, afirmó a la agencia Reuters.
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