México aprueba polémico padrón de usuarios de smartphones

El Congreso de México aprobó el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, un registro de datos biométricos de usuarios de telefonía celular que según los legisladores mexicanos servirá para prevenir el delito de extorsión.

Una imagen del Senado mexicano

El padrón contempla que las empresas que ofrecen servicios de telefonía móvil en México, entre ellos Telcel del conglomerado América Móvil y la filial de la estadounidense AT&T, recolecten información personal de sus usuarios como datos de contacto (algo que ya hacen), pero también identificadores biométricos como huellas dactilares, iris, facciones del rostro y tono de voz.

Estos datos deberán de ser recabados cada que un usuario adquiera una línea de telefonía celular en las modalidades de prepago o pospago, y deberán actualizarse en caso de que haya cambios de número telefónico.

Las autoridades mexicanas dicen que con estos registros se evitará el delito de extorsión, uno de los más recurrentes en México.

En 2018, el Centro Nacional de Información apuntó que uno de cada cinco delitos fue una extorsión, y cerca del 91.6 por ciento de ellas se cometieron vía telefónica.

Amlo

Bajo este argumento, el Congreso de México, dominado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al que pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador, promovió la creación de un nuevo Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil que incluirá, por primera vez, datos biométricos de alrededor de 86.5 millones de usuarios.

Polémica aprobación

Grupos defensores de derechos humanos en el espacio digital, entre ellos la Red en Defensa de los Derechos Digitales, denunciaron que no existe evidencia en ningún país que señale que el registro de tarjetas SIM con o sin datos biométricos disminuya este tipo de delitos.

Por el contrario, señalaron que técnicas como la clonación o suplantación de tarjetas SIM permitirían, incluso, que el padrón pueda convertirse en una herramienta para inculpar delitos.

Por otra parte, la Red en Defensa de los Derechos Digitales denunció que en 2008 el Gobierno del expresidente Felipe Calderón intentó crear un padrón similar llamado Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT, según su acrónimo), también promocionado como una herramienta para disminuir la comisión de delitos.

Este registro contemplaba una base con datos personales de los usuarios de telefonía celular, sin embargo, acabó siendo filtrado y puesto en venta en el mercado negro.

En 2011, el RENAUT fue desechado. La Red en Defensa de los Derechos Digitales señaló que tras la filtración del RENAUT, el delito de extorsión repuntó 40 por ciento.

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