El cifrado de extremo a extremo es una forma de proteger la privacidad y la seguridad de las comunicaciones digitales. Consiste en transformar los mensajes que se envían entre dos dispositivos en un código que solo puede ser descifrado por ellos mismos, evitando que terceros puedan acceder a su contenido. El cifrado de extremo a extremo se basa en el uso de claves criptográficas que se generan y se almacenan en los propios dispositivos de los usuarios, y que pueden ser fijas o variables según el método que se utilice.
Algunos ejemplos de servicios que ofrecen el cifrado de extremo a extremo son WhatsApp, Signal o Zoom. El cifrado de extremo a extremo tiene varias ventajas, como garantizar la confidencialidad, la integridad y la autenticidad de los mensajes, así como proteger los derechos humanos de las personas que se comunican. Sin embargo, también presenta algunos desafíos, como la posibilidad de ataques al punto final, la dificultad de la autenticación o la presión de las autoridades para crear puertas traseras que permitan el acceso a los mensajes cifrados.
Y hoy España quiere terminar con esta función de privacidad, todo con el objetivo de combatir y prevenir el abuso sexual infantil y otros delitos.
El documento, filtrado en origen a Wired y disponible online aquí, solicita a los estados miembros de la Unión Europea que se posicionen en torno a varias medidas pensadas para combatir el abuso de menores y la pornografía infantil. Entre esas medidas está la posibilidad de eliminar o debilitar de alguna manera el cifrado de extremo a extremo de las comunicaciones (básicamente la tecnología que hace que tus conversaciones privadas sean privadas). La mayoría de países se muestran favorables a la idea de que los mensajes privados puedan ser escaneados y analizados a petición judicial, pero España, junto a Polonia, defiende una postura bastante más radical: eliminar completamente el cifrado.
“Es imperativo que tengamos acceso a los datos”, explica la respuesta española a las preguntas de la UE. “Es igualmente imperativo que se nos proporcione la capacidad de analizar esos datos, no importa cuál sea su volumen”.
La postura del Ministerio del Interior Español, cuyo actual ministro es Fernando Grande-Marlaska, es “que se debería impedir legalmente a los proveedores de Internet de los estados miembros de la UE implementar comunicaciones cifradas de extremo a extremo.”
La propuesta no ha tardado en ser criticada hasta en el seno de la propia UE. “Romper el cifrado de extremo a extremo no solo es desproporcionado, sino que además va a ser completamente inefectivo en la protección de los menores”, explica a Wired Iverna McGowan, Secretaria general del Centro para la democracia y la tecnología en la UE.
