Exigen a Uber y Lyft reconocer a conductores como empleados

Por la presunta violación de la nueva ley Assembly Bill 5, el fiscal general de California, Xavier Becerra, ha solicitado que Uber y Lyft califique como empleados regulares a sus trabajadores y no como contratistas independientes.

La demanda recalca que la normativa establece que los trabajadores son “elegibles para protecciones básicas como requisitos de salario mínimo, beneficios de salud y seguridad social”, informó Digital Trends.

“Estas empresas se favorecen de la mano de obra de las personas, pero no reconocen la legislación que protege a los trabajadores. California tiene reglas básicas con derechos y deberes para los empleados y sus empleadores. Tenemos la intención de asegurar de que Uber y Lyft cumplan con dichas reglas”, planteó Becerra.

Exigen a Uber y Lyft reconocer a conductores como empleados
Mario Tama/ Getty Images

La acción legal demanda multas de hasta $2,500 dólares por cada infracción, así como la interrupción permanente del proceso de reclutamiento mientras se clasifique erróneamente a los conductores. El mismo medio señaló que también se buscan “multas civiles que podrían alcanzar cientos de millones de dólares”.

Concretamente durante la pandemia de COVID-19, los conductores están perdiendo los beneficios básicos que, como empleados, les permitirían un poco de alivio durante estos difíciles momentos, agregó el fiscal general de California.

“Las compañías niegan que sus conductores tengan derecho al seguro de desempleo estatal, así como a la licencia por enfermedad pagada por mandato estatal, entre otros beneficios contemplados para los trabajadores. De este modo, las empresas eluden sus obligaciones con su fuerza laboral y transfieren la carga a los conductores y contribuyentes en un momento en que son más vulnerables”, protestó Becerra.

Digital Trends recordó que Lyft y Uber han manifestado abiertamente sus desacuerdos con la norma y que, en conjunto con la firma de entrega de alimentos Door Dash, invirtieron $90 millones de dólares para eximirse, iniciativa que fracasó en última instancia.

Aprobada en septiembre de 2019, la ley Assembly Bill 5 entró oficialmente en vigencia el 1 de enero pasado.

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