Google se ha encontrado nuevamente marcando la diferencia, pero tal vez no de la manera que quiere. El viernes, un magistrado estadounidense, el Juez Thomas Rueter, decidió que Google tendría que entregar los correos electrónicos almacenados fuera de los Estados Unidos para cumplir con una orden de registro del FBI.
Esto marca un notable alejamiento de un fallo judicial en un caso similar que involucró a Microsoft, en el que se determinó que la empresa no podría ser obligada a dar a las autoridades el acceso a los correos electrónicos almacenados en un servidor en Dublín, Irlanda, que se requería en relación con un caso de narcóticos.
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Sin embargo, en este nuevo caso, el Juez Rueter del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Pensilvania determinó que dar los correos electrónicos al FBI no sería considerado una incautación. Por el contrario, según dijo, no habría «interferencia significativa» con el «interés posesorio» del titular de la cuenta (que es Google) en los datos en cuestión.
«A pesar de que la recuperación de los datos electrónicos de Google desde sus múltiples centros de datos en el extranjero tiene el potencial de invasión de la privacidad, la infracción real de la privacidad se produce en el momento de su divulgación en los Estados Unidos», Rueter señaló.
Esta decisión, sin embargo, podría no ser ejecutada, sobre todo porque va en contra del precedente establecido hace siete meses en el caso de Microsoft, el resultado del cual fue ampliamente aplaudido por empresas de tecnología, grupos de privacidad y la Unión Americana de Libertades Civiles y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
Google ya ha señalado que apelará la decisión, publicando una declaración en la que se lee: «El magistrado en este caso se apartó del precedente, y planeamos apelar la decisión. Continuaremos empujando en contra de mandamientos judiciales excesivos. »
Tanto los casos de Microsoft como de Google invocan una ley federal de 1986 conocida como Stored Communications Act. Pero dado que ya transcurrieron más de 30 años, podría ser que las leyes que se aplican a esta área tengan que ser reconsideradas.