Australia acaba de aprobar una polémica ley de vigilancia que ha generado rechazo entre los habitantes de la nación.
Según medios locales, la policía australiana ya puede hackear los dispositivos móviles, recopilar información, borrar datos del usuario y tomar el control de sus redes sociales sin la necesidad de contar con una orden judicial.
Estos serían los tres puntos centrales en los que se centra la nueva ley:
- Orden de alteración de datos: otorga a la policía la capacidad de alterar datos al modificarlos, copiarlos, añadirlos o borrarlos.
- Orden de actividad en la red: permite recabar información de los dispositivos o redes que utilizan las personas.
- Orden de toma de posesión de cuentas: concede tomar el control de una cuenta en línea (por ejemplo, en redes sociales) con el fin de recopilar información para una investigación.
Una de las principales críticas que se le hace a esta ley es que abarca un gran número de delitos de menor importancia.
Según la senadora Kristina Keneally del partido Laborista, se trata de un enfoque demasiado amplio que involucra muchos delitos menores.
Por su parte, la ministra del Interior de Australia, Karen Andrews, afirma que con esta normativa “las autoridades dispondrán de más herramientas para perseguir a las bandas de delincuencia organizada para mantener las drogas fuera de nuestras calles y de nuestra comunidad”.
Distintas organizaciones que velan por los derechos humanos han alertado sobre esta nueva normativa y señalan que “se trata ahora de un régimen en Australia en el que hemos conferido poderes a las fuerzas del orden para hackear los ordenadores de los australianos, y potencialmente de los extranjeros”.