La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la policía necesita una orden judicial para acceder a los datos de ubicación de un teléfono celular, en un fallo considerado la decisión más importante en materia de privacidad digital de la última década. La resolución, emitida el 29 de junio de 2026 con una votación de 6 a 3, se dio en el caso Chatrie contra Estados Unidos, redactado por la jueza Elena Kagan.
El caso se originó a partir de una investigación por un robo a un banco ocurrido en 2019 cerca de Richmond, Virginia, donde los investigadores usaron una “orden de georreferencia” para solicitar a Google los datos de ubicación de todos los dispositivos que estuvieron cerca de la escena del crimen en un momento determinado. Este tipo de orden permite a las autoridades rastrear masivamente a cualquier persona presente en una zona geográfica sin identificar previamente a un sospechoso concreto.
La Corte reafirmó el criterio establecido en el fallo histórico Carpenter contra Estados Unidos de 2018, señalando que las personas tienen una expectativa razonable de privacidad sobre los registros de ubicación de su teléfono, incluso cuando esa información se almacena en servidores de una empresa externa como Google. Además, los jueces rechazaron el argumento del gobierno de que acceder a un periodo breve de datos de ubicación no constituye una búsqueda protegida por la Cuarta Enmienda.
En su opinión concurrente, el juez Neil Gorsuch fue incluso más allá al calificar los datos de ubicación como “propiedad personal” del usuario, equiparándolos con otros bienes explícitamente protegidos por el texto constitucional. La Corte remarcó que el propósito de llevar un teléfono inteligente es usar la información que contiene, por lo que la protección constitucional debe abarcar más que solo los datos generados por el simple hecho de portar el dispositivo.
El fallo no resuelve, sin embargo, si la orden específica utilizada en el caso Chatrie cumplió con los estándares de particularidad y causa probable exigidos por la ley; esa cuestión queda ahora en manos de un tribunal de apelaciones. Vale recordar que Google ya había anunciado en 2023 cambios en el almacenamiento de datos de ubicación que, desde julio de 2025, hacen imposible ejecutar búsquedas masivas de geocerca sobre sus usuarios.
