Una nueva controversia se está viviendo en el mundo por el uso de tecnologías de reconocimiento facial en vivo (LFR), luego de que el Servicio de Policía Metropolitano (MET) de Londres informara que comenzó a aplicar el sistema de monitoreo en las calles de la capital inglesa.
La medida contraviene lo dictado por la Unión Europea, que hace unos días discutió en su parlamento que está considerando prohibir su uso en áreas públicas por hasta cinco años.
Ese no fue el único opositor a la medida, ya que el grupo proprivacidad Big Brother Watch, respaldado por más de 18 políticos del Reino Unido y 25 grupos de campaña adicionales, pidió que se suspenda la medida.
En una declaración, el MET defendió el uso del reconocimiento facial en vivo. “Esto ayudará a combatir los delitos graves, incluida la violencia grave, los delitos con armas de fuego y armas de fuego, la explotación sexual infantil y ayudará a proteger a los vulnerables”, además la policía agregó que, “Este es un sistema que simplemente le da a los oficiales de policía un ‘aviso’, sugiriendo que esa persona allí puede ser la persona que está buscando, siempre es la decisión de un oficial si se compromete o no con alguien”, sentenció la autoridad policial.
El comisionado asistente del MET, Nick Ephgrave, aclaró que estas cámaras no representan una violación de la privacidad de la gente. Según explicó, “todos queremos vivir y trabajar en una ciudad segura: el público con razón espera que usemos tecnología ampliamente disponible para detener a los delincuentes. Igualmente, debo asegurarme de que tenemos las salvaguardas y la transparencia adecuadas para garantizar la protección de la privacidad y los derechos humanos de las personas. Creo que nuestro cuidadoso y considerado despliegue de reconocimiento facial en vivo logra ese equilibrio”.
Lo más preocupante de todo es que en abril de 2019, un informe de la Universidad de Essex descubrió que la tecnología LFR del MET tiene una tasa de inexactitud del 81 por ciento. En 2018, la tecnología utilizada por la policía en el sur de Gales identificó por error a 2.300 personas inocentes como posibles delincuentes.
