La administración del presidente Donald Trump suspendió a Microsoft, Adobe y seis grandes firmas de servicios tecnológicos del programa estadounidense de Certificación Laboral Permanente, conocido como PERM. La medida impide, por el momento, que estas empresas presenten nuevas solicitudes o avancen con trámites pendientes para patrocinar la residencia permanente —la llamada “green card”— de trabajadores extranjeros.
El anuncio fue realizado el jueves por el vicepresidente JD Vance y por el secretario de Trabajo, Keith Sonderling, en el marco de una ofensiva gubernamental contra lo que la Casa Blanca describe como un uso abusivo de los visados laborales H-1B y J-1. Además de Microsoft y Adobe, la decisión alcanza a Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL y Capgemini.
Vance situó a Microsoft como el principal objetivo de sus críticas. El vicepresidente sostuvo que la compañía despidió a unos 6.000 empleados estadounidenses durante el último año, mientras se beneficiaba de aproximadamente 6.300 visados H-1B y de casi 3.000 procesos vinculados con residencias permanentes. Según su argumento, algunas empresas habrían utilizado la contratación internacional para sustituir a trabajadores locales o para presionar los salarios a la baja.
“Nuestro mensaje para Microsoft es: sois una gran empresa americana, pero tenéis que contratar a grandes trabajadores americanos”, dijo Vance. “No se puede despedir a trabajadores estadounidenses y luego reemplazarlos por sirvientes extranjeros contratados.”
El programa PERM constituye, para la mayoría de las solicitudes de residencia basadas en empleo, un paso previo fundamental. En términos generales, exige que el empleador demuestre que la contratación de una persona extranjera no perjudicará las oportunidades laborales ni los niveles salariales de trabajadores estadounidenses. La suspensión no equivale a una cancelación general de los visados H-1B ni de las residencias ya concedidas, pero sí congela una vía relevante para quienes buscaban obtener estatus permanente a través de las compañías afectadas.
El comunicado de Microsoft
La respuesta de Microsoft introduce una discrepancia importante. De acuerdo con información recogida por CNN, la empresa cuestionó la interpretación de la administración y afirmó que alrededor del 80% de las cerca de 6.000 peticiones H-1B presentadas en el último ejercicio correspondían a extensiones o cambios de estatus de empleados que ya trabajaban en la compañía, no a nuevas contrataciones.
“Esperamos poder proporcionar a la Administración información adicional”, decía el comunicado. “Por ejemplo, de las aproximadamente 6.000 solicitudes de visado H-1B que presentamos en el último año fiscal, el 80% fueron para extender o cambiar el estatus de empleados actuales de Microsoft. No eran para contratar gente nueva.”
La duración de la sanción tampoco está definida. Vance señaló que las restricciones seguirán vigentes “el tiempo que sea necesario” y planteó que el propósito es modificar las prácticas de contratación de las empresas, no necesariamente castigarlas de manera permanente. Paralelamente, el Gobierno abrió investigaciones por un supuesto mal uso de visados J-1 en nueve universidades estadounidenses, entre ellas Harvard, Yale, Stanford, MIT y Caltech.
“Las solicitudes restantes de nuevos empleados eran para personas ya legalmente en Estados Unidos que decidieron venir a trabajar con nosotros, y solo representan el 1% de nuestra plantilla estadounidense. No son recién llegados a nuestro país”, continuó el comunicado.
“Microsoft solo presenta peticiones H-1B para quienes cumplen los rigurosos estándares de esta categoría de visados. Pagamos a nuestros empleados algunas de las compensaciones más altas del sector tecnológico, y nuestros salarios están entre los más altos de todas las solicitudes H-1B. Pagamos a nuestros empleados H-1B lo mismo que a cualquier otro empleado que realice trabajos comparables.”
La decisión intensifica el debate sobre el equilibrio entre atraer talento internacional altamente especializado y proteger el empleo local. Para las empresas tecnológicas, representa un riesgo operativo y migratorio; para los trabajadores extranjeros con procesos en curso, abre un escenario de incertidumbre sobre los plazos y posibilidades de permanecer de forma definitiva en Estados Unidos.
