Australia está en plena guerra contra los troles que habitan en redes sociales, pero es un camino complejo y espinoso en el que se abren muchas heridas de la sociedad moderna.
El primer ministro Scott Morrison y la fiscal general Michaelia Cash lanzaron esta semana una nueva propuesta de ley que pretende que las principales compañías de redes sociales se hagan cargo del problema de los comentarios de terceros. Además, este edicto daría a los tribunales poder suficiente para obligar a las plataformas de redes sociales a revelar las identidades de las cuentas anónimas.
Es obvio que internet y su anonimato son el mejor caldo de cultivo que existe para la desinformación, el odio y el acoso, pero ¿realmente declararle la guerra al anonimato acabaría con todo esto? ¿O por el contrario generaría nuevos problemas relacionados con la falta de privacidad de las personas?
Lo que propone Australia
De aprobarse finalmente, la ley propuesta por el primer ministro Morrison funcionaría de la siguiente manera: vemos un comentario en una red social (la que sea, Facebook, Twitter o Instagram) y consideramos que es abusivo o difamatorio. Bien, según esta nueva ley podríamos solicitar a la plataforma en cuestión que exigiera al autor del comentario que lo elimine.
En el caso de que este se niegue a eliminar el comentario o si decidimos tomar medidas legales contra él, la empresa de redes sociales pedirá al usuario su consentimiento para reportar su información personal (nombre, dirección de correo electrónico, teléfono de contacto, etc.). Si el usuario no da su consentimiento, sería posible emitir una orden judicial que obligue a la empresa de redes sociales a ofrecer dicha información.
¿Hay precedentes?
Hoy día son varios los gobiernos (o sus oposiciones) que buscan el modo de acabar con el anonimato en internet y que consideran que lo que sucede en la red debe estar legislado del mismo modo que sucede en mundo real.
Sin ir más lejos, en España la oposición ha propuesto exigir el documento nacional de identidad al crear una cuenta en una red social. Según el senador Rafael Hernando (a la cabeza de la iniciativa), lo que pretenden no es acabar con la privacidad que proporciona un alias en las redes, sino que todas las personas estén identificadas por las compañías o plataformas de redes sociales en las que publiquen para poder tomar medidas en caso de que sea necesario. Ambas afirmaciones se contradicen entre sí.
Otro caso es el de Ben Wallace, ministro de Seguridad y Delitos Económicos de Reino Unido. El mandatario insistió en fechas recientes en la necesidad de introducir identificaciones digitales para acabar con el anonimato y detener a “ la mafia de internet”. La intención de Wallace es que las plataformas de redes sociales puedan identificar a las personas como lo hacen, por ejemplo, los bancos.
¿Terminar con el anonimato daría fin a los problemas?
En mi opinión, la respuesta es que no solo no acabará con los problemas que ya tenemos, sino que generará otros nuevos. Por un lado es cierto que el anonimato ofrece a los troles un escudo detrás del cual esconderse, pero al mismo tiempo permite que muchas personas puedan expresarse con libertad o buscar ayuda (mujeres maltratadas o personas del colectivo LGTBIQ+ por ejemplo) sin temor a ser juzgadas o atacadas.
Por otra parte, este tipo de legislación incitará a las empresas a recopilar más datos de los usuarios y poder beneficiarse de ellos. ¿Va a conseguir Facebook más información personal respaldada por un gobierno y no va a hacer negocio con ella? Yo lo dudaría.
Por último, no está del todo claro que eliminar el anonimato pueda acabar con el acoso en línea. De hecho, un estudio basado en medio millón de comentarios en redes realizado en 2016 sugiere que aquellas personas que utilizan sus nombres reales en las redes son igual o más agresivas que aquellas que tienen pseudónimos.
