Un hombre en Taiwán ganó una demanda civil contra su esposa tras usar la cámara de un robot aspirador para grabarla en pleno encuentro con otro hombre, pero terminó condenado a prisión por haber realizado esa grabación sin consentimiento. El caso, revelado inicialmente por el South China Morning Post, expone un curioso choque entre el derecho a probar una infidelidad y el derecho a la privacidad dentro del hogar.
Todo comenzó a fines de 2023, cuando el hombre encontró un cepillo de dientes desconocido en la casa de vacaciones de la pareja. Esa sospecha lo llevó a revisar las cámaras de seguridad del garaje, donde identificó a un hombre que en ocasiones anteriores había llevado a su esposa hasta el domicilio. Tres meses después, decidió activar de forma remota el robot aspirador doméstico a través de su aplicación móvil, con la intención original de comunicarse con su esposa mientras él se encontraba fuera.
La grabación que lo cambió todo
Lo que encontró superó sus sospechas: la transmisión en vivo del dispositivo mostró a la mujer cambiándose de ropa, abrazando al hombre identificado previamente en las cámaras del garaje y caminando desnuda por la casa mientras él descansaba en el sofá. En lugar de detener la reproducción, el esposo optó por grabar toda la secuencia como evidencia.
Con ese material, presentó una demanda civil contra su esposa y el tercero involucrado por infracción a los derechos conyugales, amparado en la legislación civil taiwanesa, y solicitó una compensación de 68.000 dólares. El tribunal falló a su favor al determinar que la relación de la mujer había excedido los límites de una amistad convencional, aunque finalmente le otorgó una cifra bastante menor a la solicitada: alrededor de 16.000 dólares.
Sin embargo, la disputa legal no terminó ahí. La esposa presentó una contrademanda alegando que había sido filmada en momentos íntimos sin su autorización, argumentando además que las luces y sensores del robot aspirador no constituían una advertencia suficiente de que estaba siendo grabada. El esposo intentó defenderse señalando que ese mismo material ya había sido aceptado como prueba en el juicio civil anterior, por lo que consideraba su actuar legalmente justificado.
El tribunal no aceptó ese argumento y determinó que la grabación constituyó un acto ilegal y deliberado, subrayando que las obligaciones matrimoniales no están por encima del derecho individual a la privacidad. Como resultado, el hombre fue condenado a pagar una multa de 150.000 dólares taiwaneses, equivalentes a unos 4.741 dólares, y sentenciado a cinco meses de prisión, una pena inferior al máximo posible de tres años de cárcel y una multa de 300.000 dólares taiwaneses. Tras descontar la sanción de su indemnización, el hombre conservó poco más de 11.000 dólares, aunque ahora deberá enfrentar varios meses tras las rejas.
