DJI, la empresa china líder en el mercado global de drones, salió a defender públicamente la seguridad de sus dispositivos y exigió a Estados Unidos que levante la prohibición que impide la importación de sus nuevos modelos al país norteamericano. La compañía señaló que las preocupaciones de Washington carecen de respaldo probatorio y que responden, en realidad, a una lógica proteccionista incompatible con los principios del libre mercado.
La disputa tiene sus antecedentes más recientes en diciembre de 2025, cuando la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) anunció la prohibición de importar nuevos drones de fabricación extranjera, alegando que estos representan «riesgos inaceptables para la seguridad nacional». La medida incorporó a los drones a la denominada «Lista Cubierta» de la FCC, que agrupa a equipos de comunicación considerados una amenaza para los intereses estadounidenses.
En el centro de la controversia se encuentran las acusaciones de que los drones de DJI, y en general los de fabricación china, podrían permitir vigilancia persistente, extracción de datos y operaciones disruptivas en territorio estadounidense. Sin embargo, DJI rechazó categóricamente estas afirmaciones, argumentando que no se sustentan en evidencia concreta y que lo que realmente está en juego es la competitividad de las empresas locales frente a productos chinos de alta calidad y menor precio.
La normativa de la FCC establece que los drones extranjeros podrían ser retirados de la «Lista Cubierta» si el Departamento de Defensa o el Departamento de Seguridad Nacional determinan que no suponen riesgo alguno. DJI instó a las autoridades estadounidenses a iniciar precisamente ese proceso de revisión para sus dispositivos, argumentando que una evaluación objetiva confirmaría la seguridad de sus productos.
El impacto de estas restricciones no es menor. DJI domina ampliamente el mercado global de drones de uso civil y comercial, y Estados Unidos ha sido históricamente uno de sus mercados más importantes. La prohibición no afecta a los usuarios que ya poseen drones DJI en el país, quienes pueden continuar operándolos con normalidad, pero sí bloquea la entrada de nuevos modelos, lo que limita la expansión de la marca en ese territorio.
El caso de DJI se inscribe en la creciente tensión tecnológica y comercial entre China y Estados Unidos, que ha afectado a múltiples sectores de la industria tecnológica, desde los semiconductores hasta las telecomunicaciones. La compañía, con sede en Shenzhen, ya había sido incluida con anterioridad en listas de empresas con restricciones comerciales impuestas por el gobierno estadounidense, lo que ha complicado su operación en el mercado norteamericano desde hace varios años.
