Panamá, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y México entre otros, figuran como clientes de una compañia que vende herramientas para espiar a sus ciudadanos

La firma ha sido denunciada frecuentemente  por organizaciones de Defensa de la Privacidad, grupo de activistas de Protección  de los Derechos Humanos y Periodistas Sin Fronteras, por la venta inescrupulosa de tecnología de espionaje a gobiernos u organizaciones gubernamentales que espían las actividades de sus ciudadanos.

De acuerdo a la página web de la compañía, su programa “Da Vinci” es utilizado para proporcionar a los usuarios no expertos la capacidad de activar cámaras de video,  romper el código de cifrado de correos electrónicos, grabar  conversaciones de Skype, ver lo que se escribe en el teclado remoto, y recoger contraseñas en dispositivos de destino, entre otras características. Dice además,  que puede monitorear “Cientos de miles de personas”  a la vez y es capaz de ser desplegado en  dispositivos móviles Apple, Android y Blackberry.

Los ciberpiratas difundieron  recientemente una lista de países que han  trabajado  o siguen  trabajado con la compañía: entre ellos Egipto, Etiopía, Marruecos, Nigeria, Sudán, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Estados Unidos, Azerbaiyán, Kazajstán , Malasia, Mongolia, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Uzbekistán, Vietnam, Australia, Chipre, República Checa, Alemania, Hungría, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rusia, España, Suiza, Bahrein, Omán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Hacking Team, siempre ha afirmado que sus prácticas son completamente “legítimas” y que nunca vende su  programa “a los países que las organizaciones internacionales como la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos mantienen en la lista negra.”

Sin embargo, el activista de  seguridad digital Christoper Soghoian, informa que entre los documentos difundidos también se incluye uno donde revelan que  Hacking Team dio argumentos evasivos durante  una investigación por parte de la ONU sobre la venta de sus productos a Sudán. Esto incluyó la negación de cualquier contacto y la sugerencia de que en todo caso, sus  productos no califican como armas y por lo tanto no están prohibidos para la venta.