El conflicto de Apple con el FBI y el Departamento de Justicia parece estar aún lejos de terminar. En el escrito final presentado este martes, los abogados de Apple sostuvieron que las demandas del gobierno con respecto a la información del iPhone del terrorista de San Bernardino, Syed Farook, «espantaría a los fundadores de nuestra nación».
Según los abogados, el estatuto federal del que se han valido las agencias para sus demandas, el All Writs Act, es una ley de 200 años de antigüedad, y que otorga a los tribunales una autonomía sustancial en cuestiones de aplicación de la ley, como una «todo-poderosa varita mágica» que intenta «reescribir la historia» del mismo estatuto. Además, el FBI estaría violando los derechos de los ingenieros de Apple, al proponer que estos se pasen «semanas» en alguna «instalación ultra-segura» trabajando para la agencia. Además, acusaron a los investigadores federales de infringir el derecho de Apple a un debido proceso de ley, por obligarla a una tarea «contraria a sus valores».
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Es esta la más reciente réplica al gobierno de los Estados Unidos en un caso con amplias implicaciones para la seguridad electrónica. Lo que está en juego es la autoridad de los investigadores para obligar a las empresas privadas de alta tecnología a que implementen una especie de «puerta trasera» en sus dispositivos y servicios. En febrero, un tribunal de California otorgó el FBI una orden para obligar a Apple a rediseñar el sistema operativo de su iPhone, todo con el fin de poder eludir la contraseña de Farook y acceder a la información de su teléfono. Una orden que, de confirmarse, establecería un «precedente peligroso», según palabras de Tim Cook, CEO de Apple. El FBI sostiene que el alcance de la orden se limita a un solo iPhone, y que por ello, no representa una amenaza a las políticas de cifrado de Apple.
En la presentación del martes, Apple atacó los fundamentos jurídicos del gobierno. Los abogados de la compañía argumentaron que el forzar a los ingenieros a reescribir el sistema operativo del iPhone, constituye tanto una transgresión de los límites constitucionales de los investigadores, como de una violación de los derechos de libertad de expresión de la compañía. «La escritura de un código requiere de una elección de (1) lenguaje, (2), audiencia, y (3) sintaxis y vocabulario, así como la creación de (4) estructuras de datos, (5) algoritmos a manipular y transformar por los datos, (6) descripciones detalladas de textos que explican lo que el código está haciendo, y (7) los medios de comunicación de la información misma».
Además, Apple sostiene que el Acta de Asistencia de Comunicación por Aplicación de la Ley de (CALEA, por sus siglas en inglés) exime a Apple y otros «proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas» de que el gobierno pueda «dictar ninguna configuración específica del diseño de algún software o equipo».
En una conferencia de prensa dada el mismo martes, el equipo legal de Apple definió los argumentos del FBI y el Departamento de Justicia como «imprudentes» y «mal informados». Se dijo que la reciente pretensión del gobierno de tener la autoridad de ley para acceder al código fuente del sistema operativo del iPhone -herramienta clave que le otorgaría la posibilidad de desbloquear prácticamente cualquier iPhone- sería absolutamente “catastrófico». Y señalaron el cambio de lenguaje empleado por el gobierno en relación a la contraseña del iCloud y del iPhone como evidencia de una base legal inestable.
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La cuenta de Farook fue sometida a un ‘reseteo’ por los funcionarios de San Bernardino a petición del FBI, una acción que excluye la posibilidad de conseguir los datos de la cuenta por alguna copia de seguridad del iCloud en poder de Apple. La última copia de seguridad se realizó el 19 de octubre, aproximadamente seis semanas antes del 2 de diciembre, día del ataque terrorista que dejó 14 muertos y 22 heridos.
«Los cambios en la postura del Departamento de Justicia; las contradictorias sobre el tema del cambio de contraseña, desacreditan cualquier noción de que el gobierno haya agotado adecuadamente las alternativas viables de investigación, todo antes de buscar esta orden extraordinaria en la corte», dijeron los abogados de Apple.
El Departamento de Justicia y el FBI, por su parte, han calificado los argumentos de Apple de «desesperados» y «engañosos». El pasado mes de febrero, el Departamento de Justicia culpó la reticencia de la empresa de ayudar en la investigación, catalogándola como «un impacto negativo para su reputación». Apple ha negado vehementemente esta acusación. » De todos los anuncios de Apple, ni uno solo ha dicho o promovido jamás la capacidad de sus softwere para bloquear algún requerimiento legal con respecto al contenido de sus dispositivos», dijo el director senior de Apple, Robert Ferrini, en una declaración jurada.
La insistencia del gobierno puede llevar a Apple a poner en práctica mecanismos de cifrado más estrictos en el futuro. De acuerdo con el Wall Street Journal, la empresa trabaja ahora para reforzar la seguridad de iCloud, de modo tal que no será capaz de descifrar las copias de seguridad de datos de iPhone. Bajo un término legal conocido como Third-party, las compañías que almacenan los datos de los usuarios como Apple están sujetas a las peticiones legales de esos datos. El encriptado de estos datos podría no estar exento de estas peticiones.
La disputa entre Apple y los investigadores cuenta con apoyos en ambos lados. Las compañías tecnológicas, grupos de derechos humanos, los defensores de la privacidad, y hasta las Naciones Unidas han expresado su apoyo a Apple. Los encargados de hacer cumplir la ley, así como los funcionarios del gobierno, por su parte, se han puesto del lado del Departamento de Justicia y del FBI. En un reciente discurso dado en el SXSW en Austin, Texas, el presidente Obama hizo hincapié en la necesidad de lograr un equilibrio entre «privacidad» y «seguridad».
