Una abuela de Tennessee, identificada como Angela Lipps, de 50 años, presentó una demanda federal contra la ciudad de Fargo, en Dakota del Norte, y contra el detective Lucas Heck, luego de haber permanecido detenida durante casi seis meses a causa de una identificación errónea generada por un software de reconocimiento facial. La demanda, radicada el martes 15 de septiembre ante un tribunal de distrito de Estados Unidos, reclama 10 millones de dólares en concepto de daños compensatorios, además de indemnizaciones punitivas y el pago de honorarios legales.
Un arresto marcado por el miedo
Según documentos judiciales citados por medios locales como Valley News Live e Inforum, todo comenzó en julio de 2025, cuando agentes federales de los US Marshals detuvieron a Lipps en su propia casa, mientras cuidaba a cuatro niños pequeños. La mujer fue esposada y trasladada bajo la acusación de estar implicada en una serie de fraudes bancarios ocurridos meses antes en la zona de Fargo, un estado al que, según asegura, nunca había viajado en toda su vida.
La investigación original se había apoyado en imágenes de una mujer que utilizó una identificación falsa del ejército estadounidense para retirar grandes sumas de dinero de distintas sucursales bancarias. Al cotejar ese material con bases de datos mediante inteligencia artificial, el sistema señaló a Lipps como una posible coincidencia, lo que bastó para que se emitiera una orden de captura en su contra.
Evidencia ignorada, según la demanda
El escrito legal, reportado también por medios como KVRR y KARE 11, sostiene que el detective Heck avanzó con los cargos —ocho delitos graves, uno de ellos con una pena de hasta diez años de prisión— a pesar de contar con indicios que contradecían la supuesta coincidencia. Entre ellos, que Lipps no coincidía físicamente con la mujer captada en las cámaras de seguridad y que no existían movimientos financieros ni registros que la vincularan con Dakota del Norte.
La demanda agrega que la coincidencia facial se obtuvo a partir de la fotografía de una identificación falsificada, y no de las grabaciones de vigilancia, un matiz que nunca fue revelado durante el proceso. Incluso la policía de West Fargo, según el documento, había considerado que ese resultado por sí solo era insuficiente para sustentar una acusación formal.
Lipps permaneció detenida 108 días en una cárcel de Tennessee antes de ser trasladada a Dakota del Norte, donde continuó su reclusión hasta que su defensa presentó registros bancarios que probaban su ubicación real durante los hechos. Fue liberada la víspera de Navidad, con apenas cuatro centavos en el bolsillo y sin abrigo, en pleno invierno. Durante su encierro, aseguró haber sido privada de su dentadura postiza y de medicamentos esenciales, y al salir había perdido su casa, su automóvil y hasta su perro.
Un problema que se repite
El caso se suma a otros episodios similares que han generado alarma sobre el uso policial de estas tecnologías, como el de Robert Williams, un hombre de Detroit que en 2020 fue arrestado erróneamente por un fallo comparable y que terminó recibiendo una compensación de 300.000 dólares de esa ciudad, según confirmó la ACLU. Actualmente, el departamento de policía de Fargo declaró que no hará comentarios sobre el litigio en curso, mientras que su antiguo jefe reconoció públicamente errores en el procedimiento y anunció cambios en las políticas de entrenamiento sobre esta tecnología
