“En la mira 2: un panorama de las amenazas digitales en América Latina” se distancia de los clásicos reportes de ciberseguridad centrados en pérdidas económicas para poner el foco en el impacto sobre derechos humanos y la labor de la sociedad civil. El estudio, elaborado por Derechos Digitales en el marco del Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD), analiza más de 100 casos ocurridos entre junio de 2024 y mayo de 2025, articulando hallazgos de 14 organizaciones de la región.
El informe parte de una premisa clara: internet es hoy un espacio central para el ejercicio de derechos fundamentales —expresión, acceso a la información, participación cívica—, pero también se ha convertido en escenario de vigilancia, censura, violencia y control.
Normas que habilitan la vigilancia y la censura
Uno de los ejes más contundentes del reporte es la expansión de marcos normativos que amplían las facultades estatales de vigilancia en línea, muchas veces en nombre de la “seguridad nacional” o el “orden público”. En Argentina, resoluciones y decretos recientes formalizan el ciberpatrullaje sobre “fuentes abiertas” sin requerir orden judicial, legitimando la observación sistemática de redes sociales y contenidos públicos.
Paraguay introduce vigilancia biométrica obligatoria en estadios de fútbol mediante reconocimiento facial, mientras Ecuador aprueba una Ley de Inteligencia que permite requerir datos de geolocalización, tráfico y llamadas a operadoras sin autorización judicial, hoy bajo cuestionamiento constitucional. México discute reformas de seguridad nacional que amplían de forma ambigua qué se considera “amenaza”, abriendo la puerta a más control sobre la información.
En paralelo, leyes de ciberseguridad y ciberdelitos en países como El Salvador, Colombia, Cuba o Nicaragua consolidan esquemas de censura digital, bloqueos de plataformas y tipificaciones penales que se usan para perseguir periodistas y activistas.
Censura técnica y presión sobre medios y plataformas
La censura en la región se describe como un ecosistema “cada vez más adaptable y técnicamente complejo”, que combina bloqueos de infraestructura, presión sobre empresas privadas y persecución judicial. Venezuela se convierte en caso paradigmático: tras las elecciones de 2024 se ordena el bloqueo masivo de Signal, X, TikTok, Telegram, YouTube e incluso servicios corporativos como Microsoft Teams y plataformas de streaming como Disney+ o Amazon Prime Video.
La estatal CANTV llega a bloquear más de 30 servidores DNS públicos, incorporando también la censura de sitios de VPN como Proton o Windscribe para impedir que la población eluda las restricciones. Casos en Colombia, Nicaragua y República Dominicana muestran cómo decisiones de reguladores, universidades o proveedores de hosting pueden derivar en bloqueos de Reddit, dominios .ni de medios independientes o intentos de borrar reportajes críticos mediante amenazas contractuales.
Filtraciones masivas: cuando los datos quedan a la deriva
Las filtraciones de datos aparecen como una de las amenazas más recurrentes, con incidentes registrados en al menos 12 países y en sectores que van desde banca y telecomunicaciones hasta salud, educación y administración pública. Muchos casos no responden a operaciones sofisticadas, sino a errores básicos como configuraciones abiertas en contenedores de Google Cloud o Azure que exponen bases sin autenticación, equivalentes a dejar archivos confidenciales “en la calle” sin llave.
El informe documenta filtraciones que afectan a millones de personas: registros electorales y salariales en Paraguay, bases de atención ciudadana y credenciales de sistemas estatales en Uruguay, censo electoral y millones de teléfonos en Honduras. En salud y educación se vende o publica información de cientos de miles de estudios médicos en Argentina, datos de asegurados y estudiantes en El Salvador, y decenas de gigabytes con datos personales de universitarios en Chile.
Esta información alimenta un mercado ilegal de datos en la dark web y en plataformas como Telegram, donde direcciones, teléfonos, datos bancarios, información tributaria o de salud se comercializan a bajo costo. El informe subraya que mujeres, infancias, personas LGBTIQA+ y defensoras de derechos humanos sufren impactos agravados cuando sus datos quedan expuestos.
Desinformación electoral como estrategia política
La desinformación en procesos electorales se consolida como herramienta estructural de la competencia política en Brasil, Chile, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela. Una táctica recurrente consiste en sembrar dudas sobre la integridad del voto mediante “pruebas” técnicas manipuladas: pantallazos del PREP en México, videos falsos sobre bolígrafos borrables en Ecuador o la reinterpretación de caídas momentáneas de sitios institucionales como evidencia de fraude.
El informe recoge la proliferación de cuentas y piezas que suplantan la identidad de medios e instituciones para hacer pasar rumores por noticias, así como el uso intensivo de deepfakes y audios generados por inteligencia artificial para poner en boca de figuras políticas frases que nunca dijeron. En Brasil, este fenómeno se cruza con violencia de género: campañas coordinadas producen deepfakes sexuales contra candidatas, conectando desinformación con ataques misóginos.
Ataques dirigidos y fraude sofisticado
Los ataques dirigidos descritos van desde troyanos bancarios diseñados para el entorno latinoamericano hasta campañas de phishing altamente personalizadas contra organismos públicos y empresas. El malware Infranus, por ejemplo, muta de spyware a troyano capaz de modificar el portapapeles y redirigir transferencias bancarias de forma silenciosa.
El informe alerta sobre el boom de aplicaciones de préstamos (“montadeudas”) en México y Perú, que combinan permisos intrusivos con intereses abusivos y luego derivan en extorsión, difusión de fotos íntimas y amenazas basadas en la geolocalización y los contactos de las víctimas. A esto se suman esquemas de SIM swapping en Brasil y Costa Rica que explotan la verificación por SMS para tomar control de líneas, cuentas bancarias y perfiles sociales, poniendo en cuestión la responsabilidad de las operadoras.
Ransomware y defacements golpean gobiernos locales, ministerios de educación y empresas de logística en Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia, afectando la prestación de servicios esenciales y la integridad de información pública.
Violencia de género facilitada por tecnologías
Una de las áreas temáticas más potentes del informe es la violencia de género facilitada por tecnologías (VGFT), descrita como fenómeno estructural y en expansión. Líneas de ayuda como Navegando Libres (Ecuador) y S.O.S. Digital (Bolivia) documentan extorsión sexual, difusión de contenido íntimo, acoso, suplantación de identidad y acceso no consentido a cuentas, muchas veces en contextos de rupturas de pareja o activismo feminista.
S.O.S. Digital registró 377 casos en el período, donde el abuso sexual mediante TIC y el acoso concentran cerca de la mitad de las denuncias, seguidos por desprestigio, crackeo, abuso de información, amenazas y fraude. El informe enfatiza que la respuesta efectiva requiere contención emocional, apoyo legal y acompañamiento tecnológico, no solo “tips” de seguridad.
El estudio también alerta sobre el uso de deepfakes sexuales contra mujeres en política, streamers y estudiantes en Bolivia, México y Chile, alimentado por un ecosistema de al menos 105 apps de deepfake en Google Play, el 89,5% con potencial de uso violento contra mujeres.
Biometría y el caso Worldcoin: iris por criptomonedas
El capítulo sobre explotación de datos biométricos se centra en World (antes Worldcoin), proyecto que escanea iris en países como Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Colombia y República Dominicana a cambio de criptomonedas. El informe muestra filas de miles de personas en contextos de inflación y precariedad entregando datos irreemplazables por entre 30 y 50 dólares en tokens.
Derechos Digitales y autoridades de datos de Brasil, Chile, Perú y República Dominicana cuestionan la validez del consentimiento cuando el registro se incentiva económicamente, la falta de transparencia sobre usos futuros y las vulnerabilidades técnicas detectadas en auditorías independientes. El caso evidencia cómo la biometría se convierte en recurso estratégico y económico, con riesgos difíciles de revertir para quienes entregan su iris.
Cortes de internet y desconexión como herramienta de control
El informe distingue entre cortes intencionales, colaterales y estructurales de internet. Panamá registra un apagón deliberado de conectividad y telefonía móvil durante casi dos semanas en Bocas del Toro, en contexto de protestas por seguridad social. Venezuela y Cuba sufren colapsos eléctricos que dejan sin internet a gran parte de la población durante horas o días, mientras Ecuador y Chile viven cortes asociados a crisis energéticas y fallos masivos de la red.
En Cuba, décadas de desinversión y la dolarización de los paquetes de datos convierten la conexión en un privilegio reservado a quienes tienen acceso a divisas, mientras el resto enfrenta velocidades mínimas que imposibilitan un uso básico de la red.
Vigilancia masiva: spyware, reconocimiento facial y análisis de datos
Finalmente, “En la mira 2” describe un avance preocupante de la vigilancia digital estatal y privada. Documenta el uso extendido del spyware Pegasus en México, Colombia y presuntamente Ecuador, con cientos de personas —periodistas, activistas, opositores— infectadas y sometidas a monitoreo invisible de comunicaciones, ubicaciones y contenidos.
El estudio recoge también el impacto psicosocial del spyware: pánico, ansiedad, insomnio, cambios de rutina, exilio, costos económicos y desvío de recursos de la defensa de derechos hacia la gestión de seguridad. Paralelamente, se mapean infraestructuras de interceptación masiva en Nicaragua, persecución de exiliados vía redes sociales, ciberpatrullaje en Argentina y despliegues de reconocimiento facial y videovigilancia en Brasil, Paraguay y Ecuador, muchas veces sin marcos legales ni estudios de impacto.
El resultado, sintetiza el informe, es un espacio digital latinoamericano “en la mira”: creciente control sobre infraestructuras y datos, normalización de la filtración y comercialización de información personal, y usos de la tecnología que profundizan desigualdades de género, clase y territorio en lugar de reducirlas.
