Una coalición de 29 fiscales generales de Estados Unidos ha llevado a Meta a un juicio histórico que podría marcar un punto de inflexión en la forma en que se diseñan las plataformas de redes sociales. En el centro del caso está Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta, quien testifica con correos electrónicos internos que, según los demandantes, demuestran que Mark Zuckerberg y la alta dirección conocían el daño que sus productos causaban a los menores y optaron por priorizar el crecimiento y la interacción sobre la seguridad infantil.
La demanda, presentada por estados como California, Colorado, Nueva Jersey y Kentucky, alega que Meta diseñó intencionalmente funciones como el scroll infinito, el autoplay, los filtros de belleza y sistemas de recomendación optimizados para maximizar el tiempo en pantalla de los usuarios jóvenes, mientras recolectaba datos de niños menores de 13 años sin consentimiento parental. Los fiscales buscan no solo daños económicos que podrían alcanzar los $200 billones, sino también una orden judicial que obligue a Meta a rediseñar sus plataformas para eliminar las características consideradas adictivas.
Lo que dicen los correos: la estrategia “no preguntar, no contar”
Arturo Béjar, quien trabajó como director de ingeniería en Meta entre 2009 y 2015 y regresó como contratista entre 2019 y 2021 específicamente para trabajar en el bienestar de los adolescentes en Instagram, testificó que la compañía adoptó una estrategia de “don’t ask, don’t tell” (no preguntar, no contar) en materia de seguridad infantil. Según Béjar, la dirección prefería no tener la pregunta respondida a tener la respuesta documentada, lo que le permitía a Meta evadir responsabilidades mientras continuaba explotando datos de menores.
En octubre de 2021, después de que Zuckerberg declarara públicamente que Meta no priorizaba las ganancias sobre la seguridad, Béjar le envió un correo electrónico directo con datos de encuestas internas que contradecían esa afirmación. Las encuestas mostraban que el 51% de los usuarios de Instagram experimentaban contenido dañino cada semana, pero solo entre el 1% y el 2% lograba reportarlo y eliminarlo exitosamente. Mientras tanto, las cifras oficiales que Meta presentaba al público situaban la probabilidad de que un adolescente encontrara contenido gráfico o violento en torno al 0,01%–0,02%; Béjar testificó que la exposición real era 100 a 400 veces mayor.
Béjar estimó que alertó a Zuckerberg al menos 100 veces, pero en múltiples ocasiones sus advertencias no recibieron respuesta o fueron ignoradas. En un intercambio por correo, después de que Béjar señalara los reportes constantes de contenido dañino y el impacto en el bienestar de los adolescentes, preguntó si Zuckerberg había leído su mensaje. La respuesta fue un simple “No”, seguido de silencio.
Cómo se probará todo: documentos internos y testimonios estelares
El caso de los estados se construye sobre una montaña de evidencia documental interna de Meta, incluyendo ingeniería, correos electrónicos, presentaciones ejecutivas y datos de encuestas. Los fiscales han prometido que la mayor parte de su caso se basará en documentos privados de Meta y en testimonios de empleados actuales y anteriores de la compañía.
Además de Béjar, se espera que testifiquen Mark Zuckerberg y Adam Mosseri, CEO de Instagram, en un juicio que se prevé dure al menos seis semanas. La admisión de Béjar como testigo estrella fue un golpe significativo para Meta, después de que un juez federal rechazara los intentos de la compañía de bloquear su testimonio y documentos clave, a pesar de los argumentos de Meta sobre problemas de hearsay, registros comerciales y secciones de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.
La evidencia presentada incluye correos electrónicos donde Béjar detalla cómo los sistemas de recomendación de Instagram empujaban contenido de depredadores sexuales, imágenes violentas y gráficas, y cómo las métricas de bienestar adolescente eran sistemáticamente minimizadas en las presentaciones a la alta dirección.
La defensa de Meta: herramientas, políticas y complejidad operativa
Meta niega todas las alegaciones en el caso. Paul Schmidt, abogado de la compañía, argumentó en sus declaraciones de apertura que no hay disputa sobre el hecho de que algunas personas pueden tener dificultades con las redes sociales, pero que Meta ha desarrollado herramientas para abordar esos problemas.
La defensa de Meta se centra en varios puntos clave:
- La compañía ha deshabilitado más de 1 millón de cuentas de menores de edad
- Meta no permite registros de usuarios menores de 13 años
- Se han introducido herramientas para gestionar la exposición al contenido
- Verificar la edad de los usuarios mediante identificación gubernamental o tarjetas de crédito presenta problemas, ya que no todos los usuarios tienen acceso a estos documentos
Schmidt también argumentó que Meta tiene un historial de compartir información sobre los daños de las redes sociales y que hacer cumplir las políticas de contenido y límites de edad es complicado operativamente. La compañía ha descrito las alegaciones como una narrativa falsa construida a partir de ejemplos aislados.
El marco legal: Section 230, COPPA y el precedente que se avecina
El caso se desarrolla en un contexto legal complejo. Históricamente, las plataformas de redes sociales se han protegido bajo la Sección 230 de la Communications Decency Act, que las exonera de responsabilidad por el contenido publicado por los usuarios. Sin embargo, en agosto de 2026, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que la Sección 230 proporciona una defensa contra la responsabilidad, no inmunidad ante el juicio, lo que permite que miles de demandas por seguridad en línea procedan.
Además, los estados alegan violaciones a la COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), que prohíbe la recolección de datos de niños menores de 13 años sin consentimiento parental verificable. El senador Chuck Grassley ha investigado alegaciones de que Meta despidió a dos empleados, Joshua DeFriez y William Sevedge, que presentaron evidencia de violaciones a la COPPA y supresión de investigaciones internas sobre explotación infantil en espacios de realidad virtual de Meta.
En marzo de 2026, un jurado en California determinó que Meta y YouTube fueron negligentes en el diseño u operación de sus plataformas, ordenando un pago combinado de $6 millones. Este precedente, junto con la negativa de la corte de apelaciones a bloquear las demandas, sugiere que el terreno legal se está inclinando contra las plataformas.
Un antes y un después en el diseño de las redes sociales
Una derrota de Meta en este caso podría acelerar la presión regulatoria sobre todas las plataformas construidas bajo la misma lógica de engagement-first, según analistas. Las consecuencias potenciales van más allá de los daños económicos: los estados buscan restricciones judiciales sobre las funciones de engagement que definen cómo funcionan estas plataformas, lo que podría obligar a un rediseño fundamental de Instagram, Facebook y, por extensión, influir en TikTok, Snapchat y YouTube.
Incluso si Meta gana el caso, el registro público de correos internos, datos de encuestas y testimonios ejecutivos que está quedando expuesto no desaparecerá silenciosamente. La transparencia forzada por este juicio podría cambiar permanentemente la relación entre las plataformas, los reguladores y los usuarios, estableciendo un nuevo estándar de responsabilidad corporativa en la era digital.
El veredicto, que se espera en las próximas semanas, podría definir si las redes sociales continúan operando bajo el modelo de maximización de engagement a cualquier costo, o si entran en una nueva era donde la seguridad de los menores se convierte en un requisito de diseño, no en una opción.
