La Comisión Europea adoptó una medida cautelar sin precedentes y ordenó a Meta restablecer el acceso gratuito de asistentes de inteligencia artificial de terceros a WhatsApp. La compañía tiene un plazo de cinco días hábiles para cumplir la orden, que representa la primera medida provisional antimonopolio emitida por la UE en 17 años y marca un hito regulatorio en la disputa por el control de la distribución de IA en plataformas de mensajería.
El origen del conflicto se remonta al 15 de octubre de 2025, cuando Meta actualizó las condiciones de uso de la API de WhatsApp Business para prohibir el acceso de asistentes de inteligencia artificial de uso general desarrollados por terceros. La restricción entró en vigor el 15 de enero de 2026, dejando a Meta AI como el único chatbot disponible dentro de la aplicación. La medida afectó directamente a servicios como ChatGPT, de OpenAI, y Copilot, de Microsoft, que hasta entonces operaban en la plataforma.
Bruselas inició una investigación formal en diciembre de 2025 por presunto abuso de posición dominante y, en abril de 2026, envió un pliego de cargos complementario a la empresa. En marzo, Meta ofreció restablecer el acceso pero comenzó a cobrar una tarifa a los proveedores externos, práctica que la Comisión consideró equivalente, en la práctica, a la prohibición original.
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Teresa Ribera, justificó la urgencia de la medida señalando la necesidad de «evitar un daño grave e irreparable» en un mercado emergente como el de los asistentes de IA. La orden exige que Meta garantice el acceso bajo las mismas condiciones vigentes antes de octubre de 2025 —es decir, de forma completamente gratuita— y que las mantenga hasta que la investigación concluya con una resolución definitiva.
En caso de incumplimiento, Meta podría enfrentarse a multas de hasta el 10% de su facturación anual global, lo que en términos prácticos podría representar miles de millones de dólares. El caso se enmarca en una tendencia regulatoria más amplia de la UE hacia las grandes plataformas tecnológicas, en el contexto de la Ley de Mercados Digitales.