¿Venderla al mejor postor? ¿Distribuirla equitativamente? Estas son algunas de las interrogantes que surgen en paralelo a la frenética carrera que impulsan los países y las farmacéuticas por desarrollar una vacuna que detenga la pandemia del coronavirus.
Un grupo de expertos en salud pública de Estados Unidos parece tener una respuesta. Denominado Modelo de Prioridad Justa, presentaron una propuesta de marco ético, que tiene como objetivo asegurar una distribución equitativa de la vacuna contra el COVID-19.
El documento, publicado en la revista Science, está sustentado sobre la base de tres principios: beneficiar a la mayoría de la población y limitar los daños; priorizar los países que están en desventaja por la pobreza o una baja esperanza de vida; y evitar la discriminación.
El informe también ponen en duda planes propuestos anteriormente, como los formulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La agencia sanitaria de Naciones Unidas ha propuesto distribuir las vacunas según el tamaño de la población de cada país y priorizando a los trabajadores de la salud, mayores de 65 años o personas con alguna enfermedad de base.
“El Modelo de Prioridad Justa es la mejor encarnación de los valores éticos de limitar los daños, beneficiar a los desfavorecidos y reconocer la igual preocupación”, sostienen los investigadores.
Agregan que la “responsabilidad de implementar el modelo recae en los países, las organizaciones internacionales y los productores de vacunas”.
Fases del modelo
El modelo propuesto por los investigadores, que forman parte de 19 de las principales universidades de Estados Unidos, considera tres etapas.
La primera fase está dirigida a reducir la muerte prematura. Para ello, proponen guiarse a partir de la métrica de salud llamada años de vida esperados estándar perdidos (AVEEP).
Los AVEEP permiten calcular los años de vida perdidos debido a la pandemia en cada país, comparando las muertes prematuras con la esperanza de vida global.
La segunda fase considera otras métricas para cuantificar y minimizar las consecuencias económicas y sociales del COVID-19.
En última instancia, proponen priorizar a los países con tasas más altas de transmisión del virus y garantizar que todos reciban suficientes dosis de vacuna para detener la transmisión comunitaria.
Evitar discriminación
“No hay una buena razón para la parcialidad absoluta, donde un país cubre a cada uno de sus ciudadanos antes de administrar cualquier vacuna a nivel internacional”, explicó Ezekiel Emanuel, vicerrector de iniciativas globales en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania y uno de los coordinadores del modelo
“Y muchos gobiernos abogan por una distribución justa y equitativa de las vacunas (…) El problema es: casi no existe una definición de lo que significa “justo y equitativo”, específicamente en términos de distribución”, advirtió el investigador en entrevista con Scientific American.
