La ley, conocida como la Ley de promoción y desarrollo de la Red Nacional de servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha, está siendo promovida por el Ejecutivo como una normativa para modernizar las telecomunicaciones en Nicaragua. Sin embargo, si llegaría a ser aprobada, la nueva compañía creada por la ley decidirá a quienes entregarle las concesiones para que ofrezcan los servicios de Internet. Además, la compañía podría exigir información de cualquier usuario nicaragüense. Defensores de los derechos humanos temen que la ley podría convertirse en un instrumento de censura y de violación a la libertad de expresión.
«Estamos completamente en contra, porque busca el control absoluto de Internet y va en dirección contraria a la del esfuerzo absoluto del sector público y privado para atraer inversión en el país,» dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) en Nicaragua. «También va en contra de la libertad económica,» añadió Aguerri, según El País.
El aspecto más aterrador de esta ley es que podría ser aprobada tras llegar a la Asamblea Nacional, ya que el Frente Sandista tiene el control de la cámara.
