La Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense tomó una medida drástica al prohibir la importación y autorización de todos los drones fabricados en el extranjero y componentes críticos de estos vehículos aéreos, dirigiendo particularmente la restricción hacia fabricantes chinos, siendo DJI el principal afectado por esta decisión que ya lleva casi una década gestándose en círculos políticos estadounidenses.
La resolución impide que la FCC autorice nuevos drones y equipamiento crítico relacionado, requisito esencial para importación legal a territorio estadounidense. DJI se convierte efectivamente en la «nueva Huawei» junto a Autel Robotics, ambas incluidas en la llamada «covered list». El argumento oficial invoca protección de seguridad nacional.
Temporalmente, la medida no afecta drones ya en circulación ni inventarios existentes en tiendas, dirigiéndose específicamente a modelos futuros. Aunque sin efecto retroactivo actual, esto podría mutar en el futuro.
DJI respondió argumentando disponibilidad para auditorías independientes y aseverando que análisis técnicos exteriores confirman seguridad total de sus productos, caracterizando las preocupaciones sobre privacidad de datos como proteccionismo disfrazado, antitético a mercados abiertos.
El impacto es masivo: aproximadamente medio millón de pilotos certificados operan en Estados Unidos, de los cuales entre 70-90% utilizan drones comerciales de DJI en labores gubernamentales, civiles y recreativas. Encuestas entre 8,000 pilotos revelaron que 43% califica el veto como «extremadamente negativo» y causante de cierres empresariales, con 85% estimando viabilidad máxima de dos años bajo restricción de equipamiento nuevo.
El problema crudo: DJI carece de competencia estadounidense viable. Eric Ebert, propietario constructor, explicitó que «los drones estadounidenses no pueden competir» sin subsidios estatales masivos.
Aspectos sospechosos emergen: XTI Aerospace adquirió distribuidor de DJI llamado Drone Nerds y Anzu Robotics (que licencia tecnología DJI), con inversión de 25 millones de Unusual Machines, donde Donald Trump Jr. es accionista y director.
Analistas califican la decisión como decisión fiscal enmascarada bajo seguridad nacional.
