Esta millonaria cantidad es el resultado de una demanda de protección al consumidor presentada en 2014 por los fiscales del distrito de San Francisco y Los Ángeles.
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Uber tendrá que pagar los 10 millones en un plazo de 60 días, con la posibilidad de dividir dicha cantidad en partes iguales entre ambas ciudades de California. En caso de que Uber no lo haga a su debido tiempo, la cantidad aumentará hasta los $ 25 millones de dólares, según Los Angeles Times.
George Gascón, uno de los dos fiscales que han presentado esta demanda, asegura que Uber había reivindicado la solidez de sus comprobaciones sobre los antecedentes de los nuevos conductores. La compañía sacaba pecho de ser «líder en la industria» y de su “estándar de oro»
Gascón insiste en que los controles eran «completamente inútiles», ya que ni siquiera implicaban la toma de huellas dactilares a los nuevos conductores para comprobar si tenían o no condenas anteriores, algo que la mayoría de compañías de taxis llevan haciendo desde hace mucho tiempo.
Además, el fiscal añade que con estas declaraciones «engañosas», Uber dio a los consumidores “una falsa sensación de seguridad al entrar en el coche de un desconocido».
Durante la investigación, Gascón y el otro fiscal, Jackie Lacey, hicieron un seguimiento a Uber, viendo los registros de antecedentes penales, concluyendo la falta de comprobación de estos en 25 conductores de Uber de San Francisco y Los Angeles.
Se ha dicho que esto se debe, en parte, a que Uber está haciendo caso omiso a una base de datos de cerca de 30,000 delincuentes sexuales registrados, y también porque en las comprobaciones sólo se tienen en cuenta los antecedentes de los últimos siete años.
Uber alegó que sus controles de antecedentes penales son los mejores de la industria, tras cerrarse otro caso en febrero. La compañía subrayó que había hecho mejoras en sus procedimientos.
LA Times ha descrito el acuerdo de este jueves como un pequeño golpe para la compañía, cuyo valor asciende a $62,500 millones de dólares.
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Sobre la decisión del tribunal, un portavoz de Uber dijo que estaban “encantados de solucionar este caso” y que la compañía duplicará sus esfuerzos, al servicio de los conductores y de los clientes, en todo el estado de California.
En respuesta, el fiscal Gascón explica que lo que ha sucedido va «mucho más allá del impacto que tendrá en Uber», añadiendo que es“un mensaje claro a todos los negocios y a las nuevas empresas ,en particular, que buscan conseguir rápidamente una cuota de mercado”. Agregó que “las leyes destinadas a proteger a los consumidores no pueden ser ignoradas. Si una empresa actúa como si estuviera por encima de la ley, deberá pagar un alto precio por ello».
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