La ministra británica del Interior, Amber Rudd, anunció la intención del gobierno del Reino Unido de lograr que el popular servicio de mensajería Whatsapp permita que las autoridades puedan leer mensajes encriptados tras el ataque de la semana pasada en Londres.
Aunque Rudd no afirmó que buscaría obligar a las empresas de tecnología a proporcionar una forma de acceso a la información, los grupos de libertades civiles han calificado las propuestas de irrealistas y exageradas.
El ataque, que tuvo lugar el 22 de marzo y dejó como resultado a muertos y heridos, involucró solo a un hombre que también perdió la vida como perpetrador del hecho, aunque desde entonces se han realizado varios arrestos y detenciones relacionadas. Sin embargo, se descubrió que el atacante utilizó WhatsApp media hora antes de que comenzara el ataque, lo que ha provocado un mayor escrutinio por parte de las autoridades hacia la aplicación de mensajería.
Algunas autoridades están en contra de la idea de que un servicio ofrezca la encriptación de datos. En una entrevista televisada el pasado fin de semana, el Secretario del Interior dijo que era completamente inaceptable y que ningún servicio debería proporcionar una manera para que los terroristas se puedan ocultar. «Tenemos que asegurarnos de que las organizaciones como WhatsApp, y muchas otras similares, no proporcionen un lugar secreto para que los terroristas se comuniquen entre sí», dijo.
Declaraciones como estas provocaron una fuerte respuesta de los políticos de izquierda y grupos de libertades civiles. El portavoz de asuntos internos de los Demócratas Liberales, Brian Paddick, dijo en un comunicado que evitar el cifrado y encriptación en mensajes no era una «respuesta efectiva» al problema.
«Estos terroristas quieren destruir nuestras libertades y socavar nuestra sociedad democrática», dijo. «Al implementar leyes draconianas que limitan nuestras libertades civiles, estaríamos cayendo en su juego».
Por su parte, la organización de apoyo a la privacidad The Open Rights Group dijo que, aunque las compañías de tecnología deben cooperar con la policía para investigaciones específicas y justificadas, no hubo ningún beneficio al instalar «puertas traseras» de ingreso a información o debilitar el cifrado. «Todos confiamos en la encriptación para proteger nuestra capacidad de comunicarnos, comprar y depositar de manera segura», dijo el director ejecutivo Jim Killock.
Este debate ha sido importante también en los Estados Unidos, donde a principios del 2016 el FBI intentó forzar a Apple a otorgarles acceso de un iPhone, propiedad de un sospechoso que estaba siendo investigado.
