El lanzamiento del nuevo modelo de inteligencia artificial de OpenAI, identificado como GPT 5.6, no seguirá el camino habitual de sus predecesores. Según reportó The Information, la administración del presidente Donald Trump presionó a la compañía para que, en lugar de una distribución pública masiva, el acceso inicial se limite a un grupo reducido de socios estratégicos.
En una reunión interna, el CEO Sam Altman explicó a sus empleados que el gobierno estaría “aprobando el acceso cliente por cliente” durante un período de vista previa. Altman también habría señalado que, si esta fase controlada transcurre sin contratiempos, el lanzamiento general podría ocurrir “un par de semanas después”. Esta postura del gobierno contrasta con la retórica de manos libres que inicialmente caracterizó la posición de la administración Trump frente a la IA.
Las agencias federales que habrían solicitado la distribución limitada son la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Política Científica y Tecnológica. Ambas instituciones argumentan que los modelos de inteligencia artificial de frontera —aquellos con capacidades avanzadas en ciberseguridad— representan un riesgo potencial si caen en manos equivocadas, dado que pueden identificar y explotar vulnerabilidades de software a velocidades imposibles para un analista humano.
Este episodio se produce en un contexto más amplio de regulación creciente de la IA. Más temprano este mes, el propio Trump firmó una orden ejecutiva que exige a ciertas empresas de IA someter sus modelos al gobierno antes de hacerlos públicos. Anthropic, rival directo de OpenAI, ya tomó una decisión similar de forma voluntaria: su modelo Claude Mythos —presentado como una herramienta de ciberseguridad de frontera— solo está disponible para un grupo cerrado de partners a través del programa Project Glasswing.
El debate en torno a estas restricciones no es menor. Críticos argumentan que la opacidad puede usarse como estrategia de marketing más que como medida genuina de seguridad. Defensores, en cambio, señalan que los riesgos asociados a modelos capaces de redactar malware o ejecutar ataques de ransomware de forma autónoma son lo suficientemente serios como para justificar un proceso de liberación gradual y supervisado.
