El gobierno francés anunció que comenzará a sustituir progresivamente Windows por distribuciones de Linux en una parte importante de sus computadores institucionales, en un movimiento enfocado en reducir su dependencia de proveedores tecnológicos estadounidenses. La iniciativa será liderada inicialmente por la agencia digital estatal DINUM y forma parte de una estrategia de “soberanía digital” que busca que el Estado recupere control sobre sus datos, infraestructuras y herramientas de trabajo.
Linux, al ser un sistema operativo de código abierto y libre de licencias propietarias, permite a las administraciones adaptar el software a sus necesidades y auditar su seguridad sin quedar atadas a un único proveedor.
Aunque el anuncio no detalla todavía qué distribución de Linux se utilizará de forma estándar, cada ministerio deberá presentar antes de otoño de 2026 su propio plan de implementación, que abarcará no solo el sistema operativo, sino también aplicaciones de ofimática, plataformas de colaboración, soluciones antivirus y bases de datos. Esta transición se suma a decisiones previas, como la sustitución de Microsoft Teams por la herramienta francesa Visio, basada en el proyecto de videoconferencia cifrada Jitsi, para reuniones en línea de organismos públicos. En paralelo, Francia trabaja en migrar su plataforma de datos de salud hacia servicios considerados “de confianza”, evitando depender de nubes gestionadas por gigantes estadounidenses.
El cambio encaja con un clima político europeo donde crece la inquietud por la inestabilidad geopolítica y la concentración de poder en grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, especialmente en un contexto marcado por decisiones imprevisibles de la administración Trump.
Francia ya había impulsado antes proyectos de software libre en la administración, pero la decisión de generalizar Linux en escritorios públicos representa uno de sus pasos más ambiciosos en esta dirección. Aun sin plazos cerrados para el reemplazo completo, la señal es clara: el Estado francés busca dejar atrás la idea de que todos los computadores gubernamentales deban ejecutar Windows por defecto.
