Proyecto Tracker: cómo Telepizza iba a monitorear a empleados

Monitorear en tiempo real dónde estaban sus repartidores y cuánto tiempo tardaban en entregar sus pedidos. Esto es lo que pretendía el controvertido proyecto Tracker, que la multinacional Telepizza pretendía llevar a cabo en España.

La iniciativa fue desestimada por el Tribunal Supremo de España, que después de una prolongada disputa judicial consideró que la forma en que la compañía quiso implementarla vulneró los derechos laborales.

Qué ofrecía Telepizza

En 2018, Telepizza anunció la implementación de un sistema para geolocalizar a sus repartidores a través de una aplicación para teléfonos móviles.

El proyecto era obligatorio para los trabajadores nuevos y voluntario para los empleados vigentes.

Los repartidores debían instalar la aplicación en su propio teléfono. A cambio, la compañía los compensaba con tres euros mensuales por desgaste de los equipos y otro aporte por el uso de datos.

Abuso y falta de información

Telepizza
La iniciativa había sido rechazada por los sindicatos y la Audiencia Nacional, que estimaban que el proyecto vulneraba el derecho a la privacidad de los afectados.

El Tribunal Supremo de España también consideró que los trabajadores no recibieron “información oportuna” sobre los alcances de la medida.

Además, estimó que existía un abuso de la compañía, que hacía responsable al trabajador por problemas en su teléfono personal, lo que se traducía en una pérdida de salario. Y el bono de compensación era “insuficiente” para suplir esta merma.

¿Privacidad?

Privacidad

El Tribunal Supremo no cuestiona de manera directa la necesidad de geolocalizar a sus repartidores, sino que más bien objeta el método mediante el cual llevó a cabo esta iniciativa.

El tribunal “no está negando que sea una medida legítima para determinados fines o que con ella no se vaya a evitar un déficit comercial competitivo, en un momento en el que, ciertamente, ese sistema de prestar el servicio al cliente se extiende en este y otros sectores”, señala la resolución.

Sin embargo, enfatiza que la forma en que fue implementada “no supera los criterios constitucionales ni legales, cuando existen otras formas de ejecutar el sistema que no sea ese”.

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