Proyectos de ley buscan proteger sistemas de votación de ciber-amanezas

Nadie puede dudar que estas elecciones presidenciales de este año ha sido una las más intensas y polarizantes que hemos vivido.

Debido al ambiente político que se respira y a una aparente falta de garantías para que el voto de los ciudadanos sea depositado en las urnas de forma segura, el Congresista de Georgia, Hank Johnson, ha presentado dos nuevos proyectos de ley concernientes a los sistemas de votación.

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El primer proyecto de ley se llama “Infraestructura y Seguridad de las Elecciones de 2016”, busca que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) designe los lugares de votación como infraestructura crítica.

Cuando DHS determina algo como “crítico”, se ve en la obligación de mejorar la seguridad e incrementar el apoyo.

Este proyecto estaría promovido por el reciente esfuerzo hecho desde el exterior para hackear los servidores de la Convención Nacional Demócrata hace unos meses. Con este proyecto, la DHS deberá desarrollar in plan para proteger los procesos electorales de amenazas como el ciberterrorismo.

Además de eso, Johnson afirma que “ha habido reportes sobre esfuerzos hechos en ciertos Estados para suprimir el voto (…) los ciudadanos están preocupados con justa causa. Debemos asegurarnos de que todo los estadounidenses puedan votar”.

El segundo proyecto de ley se llama “Integridad Electoral” y limita la compra de sistemas de votación que no provean papeletas de votación. Leyendo el proyecto de ley, se entiende que buscan que este sea un tipo de apoyo en caso tal de que el sistema digital sea víctima de un ataque.

Este proyecto de ley busca que en caso de que haya una falla del sistema de votación, no se puedan tabular los votos si el sistema está conectado de forma insegura a la internet.

También busca que se elaboren protocolos en los que las papeletas de votación sean resistentes y en los que se publiquen las cintas con los resultados.

También habilita auditorias manuales al azar en las elecciones federales. Los resultados de dichas auditorías serían publicados.

Como última medida, se establecerían guías para la publicación de purga de votantes y un proceso mediante el cual, los electores podrán apelar. La oficina del Procurador General se vería obligada a responder dichas consultas.

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El Congresista Mike Honda de California, es uno de los co-promotores de estos proyectos de ley y afirma que “las leyes electorales tienen décadas y nos dejan poco preparados para enfrentar amenazas del siglo XXI. Debemos invertir ahora para proteger el voto de todos”.